Resumen:

Con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se regula el derecho de acceso a la información pública con detalle y se configura como un derecho subjetivo. Como todo texto normativo, a la hora de su aplicación, genera numerosas dudas interpretativas. Dos de las cuestiones más importantes que se suscitan son las relativas a los límites de acceso a la información y las causas de inadmisión de solicitudes y por fin, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que arroja algo de luz sobre esta materia. Dicha resolución, junto con la defensa de una Administración transparente, que fomenta la participación y que es acorde con la dignidad del ser humano será objeto de análisis en el presente trabajo.